Memoria y justicia ante el desplazamiento forzado
Vía: Alter-Nativas
El 12 de febrero, ocho familias tzeltales pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI) fueron desalojadas de manera violenta del ejido Jotolá, en el municipio de Chilón. El operativo fue llevado a cabo por ejidatarios armados con palos y herramientas, en coordinación con fuerzas de seguridad. En el desalojo participaron elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal, así como personal del Tribunal Unitario Agrario y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quienes expulsaron por la fuerza a 30 personas, entre ellas 17 niñas y niños, una mujer embarazada y personas adultas mayores.
Además del desplazamiento forzado, dos personas fueron detenidas y posteriormente acusadas del delito de despojo agravado. De acuerdo con la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que acompaña el caso, las familias afectadas no solo enfrentan el desalojo y el desplazamiento, sino también un proceso de criminalización en su contra.
